El pasado 29 de mayo, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, aprobó el Ingreso Mínimo Vital, ante la difícil situación que estaban sufriendo muchas familias españolas y los elevados índices de pobreza de nuestro país. Un escudo social dirigido a proteger las situaciones de necesidad de la población con menos recursos y que se encuentran al borde del abismo económico. Una medida progresista que impide que las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando las paguen, como sucedió en la anterior crisis, los mismos, los más vulnerables.
Aunque su puesta en marcha era una promesa electoral, ésta, se ve acelerada como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y esa abrupta implementación ha ocasionado una serie de contratiempos y adversidades.
