El pasado 29 de mayo, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, aprobó el Ingreso Mínimo Vital, ante la difícil situación que estaban sufriendo muchas familias españolas y los elevados índices de pobreza de nuestro país. Un escudo social dirigido a proteger las situaciones de necesidad de la población con menos recursos y que se encuentran al borde del abismo económico. Una medida progresista que impide que las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando las paguen, como sucedió en la anterior crisis, los mismos, los más vulnerables.
Aunque su puesta en marcha era una promesa electoral, ésta, se ve acelerada como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y esa abrupta implementación ha ocasionado una serie de contratiempos y adversidades.
Inicialmente, y en menos de un mes, el 26 de junio, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) resolvió automáticamente la prestación a más de 74.000 hogares, que venían percibiendo la prestación familiar por hijo a cargo. Pero, sin embargo, para el resto de solicitantes, se está intentando dar una solución acelerada al aluvión, de más de medio millón de solicitudes, un volumen similar al de expedientes de pensiones que se resuelven en un año, que se han presentado en un breve período de tiempo, lo que ha provocado un colapso en la tramitación.
Por ello, desde el Ministerio se ha desarrollado un protocolo de intercambio de información con las Comunidades Autónomas, cruce masivo con la Agencia Tributaria y acuerdos con los Ayuntamientos para la recepción de solicitudes y la aportación directa de información relativa al padrón municipal, todo ello para agilizar los trámites en la resolución de los expedientes.
La situación sanitaria, ocasiona que las oficinas del INSS, siguiendo las recomendaciones, atiendan con un protocolo de actuación para mantener las medidas de seguridad necesarias, lo que provoca un número reducido de citas diaria.
A estas incidencias hay que añadir, que muchísimas solicitudes se reciben mal cumplimentadas, con defectos de forma o falta de documentación, lo que conlleva un requerimiento para su subsanación y otras tantas, la mayoría, que no cumplen los requisitos y por tanto son para denegar. Otra cuestión que retrasa y dificulta la rápida gestión de los expedientes, son las variadas casuísticas de las distintas unidades familiares, de la que forman parte, los solicitantes de la prestación: familias reconstituidas, monoparentales y monomarentales, con guarda y custodias compartidas, separaciones no regladas, distintas convivencias no reguladas, etc.
Siendo consciente de que la respuesta dada a la situación de necesidad es la acertada y mejor que la que hubiera dado un gobierno de las derechas, aún con las dificultades expuestas, me consta que el Ministerio no es ajeno a esta realidad, sino que se está esforzando en abonar cuanto antes la prestación a los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y que está trabajando de manera urgente en dar una respuesta rápida y efectiva al colapso generado.
Portavoz Socialista de Inclusión y Seguridad Social en el Senado
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