Dentro de este último pilar, se incluyó la Ley de la Dependencia, dirigidas a aquellas personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, precisaban de la atención de otra persona o ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Hoy damos un paso más, reforzando el pilar de los derechos sociales, poniendo en marcha el INGRESO MÍNIMO VITAL. Un avance importante e histórico en derechos de protección social, dirigido, en este caso, a las familias más vulnerables y a los hogares sin ingresos, o con ingresos muy reducidos, que se encuentran en situación de necesidad. Un derecho reconocido al amparo del art. 41 de la Constitución Española y que permitirá a todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, disponer de una misma red de protección económica, que contribuirá a erradicar la pobreza extrema en nuestro país, al tiempo que ayudará a las personas a conseguir una plena inserción social, laboral y económica.
