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Desde entonces, han sido varias las reformas que ha sufrido nuestro actual sistema público de pensiones, como el Real Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919, que estableció el Seguro Obligatorio del Retiro Obrero, para implantar el seguro de vejez en España, creándose a tal efecto el Instituto Nacional de Previsión; más tarde, en 1977, se produjo otra gran reforma con la finalidad de llevar a cabo un proceso de modernización de la Seguridad Social en nuestro país.
Sin embargo, fue en 1995 cuando
se produjo un hito significativo, que me gustaría destacar: la firma del Pacto
de Toledo. Este transcendental acuerdo alcanzado, por casi todos los grupos
políticos, en el seno de la Comisión no legislativa del Congreso de los
Diputados, nació con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y viabilidad
del Sistema Público de Pensiones a lo largo del tiempo, a la vez que establecer
el marco normativo sobre el que debe discurrir las reformas o modificaciones
del sistema, salvaguardando los principios de solidaridad intergeneracional,
universalidad de las prestaciones, igualdad de derechos y suficiencia económica.
A partir de ese importantísimo acuerdo,
nuestro sistema público de pensiones ha ido adaptando su normativa y su acción
protectora, mediante consensos, salvo algunas excepciones, a las nuevas
realidades sociales y familiares, a través de un documento de Recomendaciones
que la Comisión aprueba y presenta al Gobierno, para su implementación.
Hoy, la Comisión de seguimiento y
evaluación de los acuerdo del Pacto de Toledo, ha aprobado un nuevo informe con
22 Recomendaciones, con la finalidad de introducir reformar que permitan mantener
las pensiones en nuestro país, entre ellas, se incluyen medidas dirigida
salvaguardar el sistema público de pensiones, separar las fuentes de
financiación para dejar de soportar gastos impropios y dar solvencia a las
cuentas, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, continuar con la
equiparación del régimen de autónomos al régimen general, aproximar la edad
real de jubilación a la edad legal, etc., pero lo realmente destacable es el
hecho de que este documento haya sido aprobado, una vez más, por CONSENSO.
Desde mi punto de vista, este fundamental
pacto alcanzado, servirá para reforzar la confianza de los ciudadanos en la
viabilidad del sistema, para garantizar su sostenibilidad y transmitir certezas
sobre el futuro de las pensiones, pero sobre todo para demostrar a los
españoles que hay cuestiones que están por encima de los intereses partidistas
y que los políticos somos capaces, de aparcar nuestras diferencias, con el
objetivo de alcanzar acuerdos de Estado.
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