En este primer paquete se adoptan medidas dirigidas a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, corrigiendo definitivamente la fórmula introducida en 2013 por el Partido Popular y que provocó que las pensiones tuvieran una pírrica subida del 0’25% y perdieran poder adquisitivo durante varios años. La nueva fórmula fija un mecanismo estable de revalorización que incrementará las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones no sufrían disminución ni alteración.
El segundo de los acuerdos alcanzados va dirigido a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, y para ello se adoptan varias medidas. Con respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasarán a ser mensuales, se dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas y en la mayoría de los casos, los coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes. Estos coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y su implantación será progresiva en un periodo de 10 años desde 2024.
En el caso de la jubilación demorada, se refuerzan significativamente los incentivos con un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas opciones. La jubilación activa, la cual permite compatibilizar la jubilación con el trabajo, podrá solicitarse trascurrido al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Sobre la jubilación forzosa, se ha acordado prohibir las cláusulas convencionales que prevén la jubilación del trabajador antes de los 68 años, con la excepción de algunos CNAE.
Con respecto al equilibrio presupuestarios del sistema de pensiones, el acuerdo contempla que el Estado aportará a la Seguridad Social los recursos que sean necesarios para garantizar el pago de las pensiones, y se hace cargo, todos los años, de los gastos indebidamente pagados por la Seguridad Social que generaban un déficit en la misma.
El acuerdo también prevé la implantación gradual (durante un máximo de 9 años) a partir del 1 de enero de 2023 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos. Se comprometen a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027.
Para hacer frente a una histórica demanda, el acuerdo contempla el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social y la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.
Finalmente, el acuerdo establece que se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado.
Una vez más, el gobierno progresista de Pedro Sánchez alcanza un importantísimo acuerdo de estado, en el marco del dialogo social, con los agentes sociales. Un acuerdo con el que se pretende mejorar y modernizar nuestro sistema público de pensiones, contribuir a hacerlo más sostenible económicamente y adaptar las prestaciones del sistema a las nuevas realidades sociales.
Con el acuerdo sobre
pensiones firmado estos días, son ya diez los sellados entre la patronal, los
sindicatos y el gobierno; lo que refuerza la cualidad dialogante y conciliadora
de este gobierno, frente al gobierno de Mariano Rajoy que, de manera unilateral
y haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobó una lesiva reforma laboral y de
pensiones.
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