Consciente de esta situación, el gobierno crea en 1997, el Fondo de Reserva de las Pensiones, de acuerdo con las propuestas del Pacto de Toledo de abril de 1995, cuyas recomendaciones 1 y 2 se ocupaban, respectivamente, de la separación y clarificación de las fuentes de financiación y de la constitución de reservas, en el nivel contributivo, que atenúen los efectos de los ciclos económicos. El Fondo de Reserva comenzó a recibir dotaciones procedentes de los excedentes de la Seguridad Social en el año 2000 y fue incrementándose hasta el año 2011, donde alcanzó la cifra de 66.815 millones de euros, pero a partir del año 2012, fue disminuyendo por la retirada masiva de cantidades que el Partido Popular fue haciendo años tras años. En la actualidad el fondo de reserva dispone de 2.000 millones de euros aproximadamente.
A finales de 2020, se actualizan nuevamente las recomendaciones del Pacto de Toledo, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones y para ello se sigue profundizando en la separación de las fuentes de financiación, es decir, que se financien con las cotizaciones sociales los gastos contributivos, mientras que aquellos gastos llamados impropios o no contributivos se financien vía impuestos. Para dar cumplimento a esta recomendación, durante el año 2022 el gobierno hace un enorme esfuerzo y destina 36.276 millones de euros a financiar estos gastos a los que antes hacía frente, indebidamente, la Seguridad Social.
Al mismo tiempo, en el actual proyecto de Ley de Pensiones, entre otros aspectos, se plantea la eliminación de la reforma de pensiones de 2013 del Partido Popular que introdujo el Índice de Revalorización del Pensiones, que provocó que las pensiones subieran un 0’25%, haciendo perder poder adquisitivo a los pensionistas; y establecía el factor de sostenibilidad, que recortaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida.
Lo que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez plantea, en estos momentos, es, por un lado, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones indexándolas al IPC, y por otro, poner en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que será contingente y temporal, que dará lugar a una cotización finalista pequeña y que permitirá aumentar la dotación del fondo de reserva durante diez años. Dicho mecanismo consiste en que a partir de 2023 se subirán las cotizaciones un 0’6%, porcentuales, de los que el 0’5% lo asumirá la empresa y un 0’1% el trabajador.
Con este nuevo acuerdo se garantizará la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y servirá para preservar el equilibrio entre generaciones.
Conviene recordar que durante la pandemia cientos de miles de empresas se vieron obligadas a cerrar la actividad y millones de trabajadores estaban abocados al despido, sin embargo, el gobierno progresista puso en marcha el llamado Escudo Social, que permitió que los trabajadores pudieran acogerse a los ERTEs y las empresas a las exoneraciones de las cotizaciones, lo que permitió mantener los puestos de trabajo. Ahora el gobierno intenta prevenir el impacto, en este caso no de una pandemia, sino de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones para hacer frente a la jubilación de la generación más numerosa de la historia de nuestro país y para ello plantea una sobrecotizanción temporal y finalista que ayude a amortiguar dicho impacto. Lamentablemente la patronal ha demostrado una enorme falta de sensibilidad e irresponsabilidad al no firmar este importante y necesario acuerdo.
La diferencia es evidente, mientras que el Partido Popular subía las pensiones un 0’25% el gobierno de Pedro Sánchez las actualiza en función del IPC, mientras que el Partido Popular recortaba las pensiones, el gobierno de Pedro Sánchez aumenta los ingresos por cotizaciones, y mientras que el Partido Popular con su reforma laboral provocó el despido de millones de españoles, el gobierno de Pedro Sánchez los protege poniendo en marcha los ERTEs.
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