Y cómo los ERTEs han amortiguado la caída de la afiliación
Primeros resultados. El 78% de los trabajadores tienen contratos indefinidos, 7 puntos más que el registrado en los meses anteriores
MI INTERVENCIÓN
La exposición del secretario de Estado nos parece necesaria y correcta porque no podemos desligarlo; aunque se haya abordado dentro del Ministerio de Trabajo, debemos poner el foco también en el aspecto de los ingresos del sistema público de pensiones. Aquí se ha hablado de la sostenibilidad financiera y, para eso, tenemos que evaluar los impactos que están teniendo las distintas medidas dentro del sistema, sobre todo en el ámbito de los ingresos.
Existen dos maneras muy distintas de afrontar la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones. Nosotros creemos en un modelo en el que sea necesario aumentar los ingresos, frente a otro modelo que propone el recorte en las prestaciones. El Gobierno y el Grupo Socialista hemos defendido la separación de las fuentes de financiación, que evita que se financie con las aportaciones de los trabajadores cuestiones que no son contributivas. Por eso, hemos puesto en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional, que permitirá aumentar el Fondo de reserva de las pensiones. Por el contrario, en el modelo anterior, en el modelo en el que se aplicaban los recortes, se vació el Fondo de reserva de las pensiones y se puso en marcha el índice de revalorización de las pensiones.
Es importante que haya una mayor recaudación y, para eso, la subida del salario mínimo interprofesional ha ayudado; ha dignificado el trabajo de muchos, principalmente jóvenes, mujeres y trabajadores agrícolas. La reforma laboral, como se ha visto —las gráficas que se han puesto han sido muy claras—, ha dado mayor estabilidad en los trabajos, lo que ha supuesto que hayamos alcanzado la cifra de 20 millones de afiliados. Esto, en relación con los ingresos, da mucha estabilidad económica al sistema. Sumando la estabilidad económica y la mayor cotización, lógicamente da como resultado un mayor grado de recaudación.
El secretario de Estado ha pasado un poco de puntillas sobre la recaudación, pero hemos visto que la recaudación ha supuesto el 10 % sobre el producto interior bruto. Supuestamente, esto nos debe llevar a un menor déficit en el ejercicio económico. Según hemos escuchado al ministro, las estimaciones serán de medio punto de déficit para el año 2022, frente al 0,9 del año 2021 o el 1,7 o 1,8 de décadas anteriores. Eso nos permite mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, que compartimos la gran mayoría de los senadores.
Mi grupo parlamentario también quiere poner énfasis en lo que tiene que ver con la dotación de la plantilla de los centros de atención e información de la Seguridad Social. Asimismo, se tiene que impulsar la agencia única de la Seguridad Social. Los que somos funcionarios desde hace tiempo de la Seguridad Social, hace mucho que oímos hablar de este proyecto; proyecto que se diseñó en su momento, allá por la década de los noventa, y habría que darle una vuelta más para adaptarlo a los nuevos retos a los que nos enfrentamos en esta sociedad del siglo XXI.
Hemos visto una oferta pública de empleo que mejorará la dotación de la plantilla de la Seguridad Social. Son 1159 funcionarios, que supone una buena inyección para los centros y para paliar la situación que tienen muchos trabajadores en muchos centros y, así, atender a los ciudadanos. Es de los mayores organismos que tiene más presencia en el territorio, por lo que es importante reforzar los centros de atención e información de la Seguridad Social.
Señor secretario de Estado, yo estoy preocupado por el tema del ingreso mínimo vital, pero no por el despliegue de la medida, sino porque todos entendimos que el ingreso mínimo vital era un conjunto de políticas en torno a una prestación. Sin embargo, el otro día, el ministro, en la sesión de control al Gobierno, dio unos datos que me llamaron mucho la atención: el ingreso mínimo vital en Andalucía alcanza a 132 000 hogares, mientras que la renta mínima de inserción en Andalucía llega a 5300 hogares, y el Gobierno destina 562 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla, solo destina 26 millones de euros.
¿Por qué le doy estos datos? Porque me preocupa que, al margen del importante despliegue de recursos que se está haciendo por parte del Gobierno, con el Gobierno de Moreno Bonilla no se hayan alcanzado los mecanismos de inclusión, teniendo en cuenta que uno de cada tres beneficiarios del ingreso mínimo vital es andaluz. Me preocupa que la Junta de Andalucía no haya firmado ese convenio con los mecanismos de inclusión, lo que ayudaría a esos beneficiarios, a esas personas a salir de la exclusión social. No sé si por parte del Gobierno habría que poner un poco más de énfasis en esto, pues ante los oídos sordos de Moreno Bonilla para ayudar a las personas vulnerables, algo deberíamos hacer desde el Gobierno de España.
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