No cabe duda de que nuestro sistema público de pensiones es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, una pieza clave de la economía familiar y su sostenibilidad debe ser considerada como una política de estado. Así lo recoge la Constitución en el artículo 50, apuntalando que las pensiones deben ser dignas, deben ser suficientes, deben ser actualizadas y deben estar garantizadas.
