Lo primero que quisiera es recordar o recuperar el espíritu con el que nació esta
prestación:
No se trataba de una prestación más, sino de un conjunto de políticas entorno a una prestación económica, es decir, se quiere y se debe hacer mucho hincapié en los intinerarios de inclusión y para ello es fundamental la cogobernanza, el que todas las administraciones se pongan de acuerdo en ayudar a estas personas en su inserción social y laboral.
El fin de esta medida es sacar a las personas de la pobreza extrema y estructural. Nuestro sistema cuenta con distintos
mecanismos a distintos niveles, a través del SEPE, de las Rentas Autonómicas,
de las prestaciones de servicios sociales, que protegen a las personas en situaciones
coyuntuales y puntuales.
Hemos construido nuestro estado del bienestar con pilares
dirigidos a garantizar una formación educativa que permita la igualdad
de oportunidades, a prestar una sanidad pública que garantice unos
niveles óptimos de salud para toda la población, hemos garantizado unas pensiones
dignas para las personas al final de su etapa laboral, pero el pilar de los
derechos sociales no contaba como un despliegue óptimo. Hoy, sin
embargo, ponemos el foco en los más vulnerables, creamos una herramienta que
les permitirá salir de esa situación, establecemos un nivel mínimo nacional de
rentas, Señorías hoy construimos una sociedad más humana, más social, más
justa y más equitativa.
Porque la finalidad de esta medida no es dotar con una prestación económica, exclusivamente, a las familias; la finalidad principal es poder sacar de la pobreza y de la exclusión social a millones de españoles. Es poner un peldaño más a esas personas que tienen dificultades para salir de la espiral de la pobreza, es una medida con la que intentar garantizar que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente y estrechar las desigualdades sociales existentes.
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